En sesión pública ordinaria, la diputada Bárbara Morán Añorve presentó
una Iniciativa para adicionar el artículo 380 del Código Penal del
Estado de Puebla, con la finalidad de establecer como agravante genérica
el uso de motocicletas para la comisión del delito o robo,
principalmente de teléfonos celulares.
En la Iniciativa, la
diputada Bárbara Morán señaló que ante la alarma social por el robo de
celulares y de diversos delitos mediante el uso de motocicletas, es
necesario ajustar las agravantes en la comisión de tipos penales, como
diversas modalidades de robo, en especial a aquellos que tienen un
fuerte impacto social.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
Por otra Parte, la diputada Rocío García Olmedo presentó nuevamente una
Iniciativa para reformar los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de
evitar la criminalización por la interrupción del embarazo.
La
diputada Rocío García explicó en tribuna que, si bien la interrupción
del embarazo no siempre implica que las mujeres sean sometidas a un
proceso penal, ya que no en todos los casos culmina en una sanción
privativa de su libertad, sí tiene repercusiones sociales y económicas
de por vida.
La legisladora consideró que este tipo de
violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos,
pues sus derechos sexuales y reproductivos son amenazados, cuando se les
impide a éstas a decidir sobre su propio cuerpo y se las castiga cuando
lo hacen.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictaminación
correspondiente.
Asimismo, el diputado Jonathan Collantes
Cabañas presentó una Iniciativa para reformar el primer párrafo del
artículo 190 bis del Código Penal del Estado de Puebla, con el propósito
de imponer de tres a cinco años de prisión a los prestadores de
servicio del transporte público, que no cuenten con la concesión o
permiso otorgado por la autoridad competente.
Así como multas
de trescientos a quinientos días de salario, y la suspensión de licencia
para conducir vehículos de uno a cinco años; además, en caso de
reincidencia, aunada a la pena de prisión correspondiente, se impondrá
la suspensión definitiva de la licencia de conducir. Esto, con el
objetivo de disminuir y abatir el establecimiento de transporte público
ilegal o pirata.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución
correspondiente.
En otro punto del orden del día, la diputada
Mónica Lara Chávez presentó la Iniciativa para reformar el artículo 186
septies del Código Penal del Estado, con la finalidad de actualizar el
tipo penal, dadas las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, para castigar a quien realice llamada, aviso o alerta
falsa a números de emergencia a través de cualquier medio de
comunicación, como teléfono fijo, móvil, aplicaciones de internet o
cualquier otro medio electrónico, con el único objeto de inducir al
error y movilizar a los sistemas de emergencias.
La Iniciativa
establece castigos de seis meses a cuatro años de prisión y multa de
veinte a doscientas el valor diario de la Unidades de Medida y
Actualización. Asimismo, se propone aumentar las sanciones vigentes.
En el mismo sentido y dado el alto índice de llamadas a los números de
emergencia, la diputada Mónica Lara señaló que resulta necesario
establecer en el Código Penal que, si la llamada, aviso o alerta falsa
es realizado por menores de edad, se sancione de acuerdo con lo
establecido en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado y en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal
para Adolescentes.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictaminación
correspondiente.
Presentan iniciativa para establecer como agravante genérica el uso de motocicletas para el robo de celulares
